El presidente Lenín Moreno anunció que decretará el adelanto de un porcentaje de sus impuestos a quienes ganan más de $5000 mensuales y a las grandes empresas que no han visto afectados sus ingresos durante esta emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

La Constitución vigente le da esta facultad al presidente de la República durante la declaratoria de un estado de excepción, el cual fue renovado por el Ejecutivo el pasado 15 de mayo y respaldado ayer por un dictamen de la Corte Constitucional (CC).

El anuncio lo hizo en la última parte de la presentación del informe a la nación, en su tercer año de mandato, que tuvo una duración de una hora, en el pleno de la Asamblea.

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El dinero recaudado por este adelanto será destinado a proyectos de protección social y al programa crediticio Reactívate Ecuador, aseguró.

Esta sería la alternativa del Gobierno a la eliminación de las contribuciones de empleados y empresas del proyecto de Ley Humanitaria, que espera el veto del Ejecutivo.

“Envié a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que las personas con un ingreso seguro, así como las grandes empresas, contribuyan también con su parte. Esta propuesta no tuvo la aceptación de todos los sectores legislativos y la retiré para asegurar la aprobación de los acuerdos. Cumpliré mi palabra, por supuesto, y no abusaré de mi facultad de objetar la ley modificando esa decisión tomada en la Asamblea”, dijo.

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Sobre la recaudación de impuestos, el mandatario agregó que es falso que hayan perdonado impuestos a las grandes empresas, que desde el 2017 la recaudación generó casi $43 000 millones, que con la remisión tributaria se recuperaron $1268 millones, “pero también estamos en proceso de cobro legal a 500 grandes y medianos contribuyentes”, aseguró el Jefe de Estado.

Esta crisis, cualquier crisis, la vamos a superar en democracia, en libertad, en medio de las tensiones que se producen, Lenín MorenoPresidente de la República

Al inicio de su intervención, Moreno adelantó al presidente de la Asamblea, César Litardo, que hará una “breve descripción” de la gestión del gobierno, pero preferirá enfocarse en el futuro y, en este contexto, presentó “cuatro ejes de acción” para el último año de gobierno: preservar la salud de todos, “asegurar la supervivencia de quienes no tienen ni siquiera alimentación”, reactivar la economía para proteger el empleo y cuidar, “a toda costa”, la dolarización.

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En su discurso, el mandatario insistió en que la crisis que ahora atraviesa el Ecuador quizá es la peor de toda su historia, pues a la crisis económica ya existente se sumó la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Esto lo dijo en un pleno de la Asamblea que lo recibió con el pedido inicial de un minuto de silencio por los fallecidos en esta emergencia sanitaria, por parte de Litardo.

En una sala en la que las pocas autoridades que asistieron de forma presencial (asambleístas, ministros y titulares de otras funciones del Estado) se sentaron a dos metros de distancia y con mascarillas. La esposa del presidente, Rocío González, saludó en vivo desde Estados Unidos.

Otros anuncios que hizo Moreno fueron en torno a la seguridad social y la corrupción. Dijo que el Gobierno va a compensar su saqueo por más de diez años y seguir honrando sus deudas, a través de la entrega de activos productivos, para garantizar su sostenibilidad. Añadió que está protegida la autonomía de la seguridad social de los militares y los policías.

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Sobre corrupción, el mandatario informó que está proponiendo sanciones penales más drásticas en casos de corrupción y para blindar la compra pública en emergencias.

Entre otras cifras, el Gobierno asegura que ha invertido en educación $12 900 millones; en salud, $10 000 millones, sin contar con los casi $760 millones de la emergencia sanitaria; y que se han pagado $1200 millones a los jubilados.

Además, que ha enviado a la Fiscalía 1500 denuncias de corrupción del Gobierno anterior y varias de esta gestión, y han desarticulado 4214 organizaciones delictivas.

Anuncios presidenciales generan ciertos reparos en empresarios y trabajadores

‘Si red fuera ya unificada, el impacto sería menor’

Dejar en el 2021 una red unificada de salud fue la promesa del presidente Lenín Moreno durante su informe, es decir, un trabajo en conjunto del Ministerio de Salud, IESS, hospitales y clínicas privadas y de la Policía y Fuerzas Armadas.

Para Francisco Andino, miembro coordinador del Protocolo Permanente de la Salud y exministro de esa cartera en 2003, eso es algo que se debió hacer hace muchos años e incluso con otros Gobiernos.
“Si este modelo se hubiera aplicado, no habríamos tenido tanto impacto como ahora con el COVID-19 y el sistema sanitario debería ser único. La epidemia ha develado el fracaso del sistema sanitario”.

Andino indica que aunque el discurso del Ejecutivo fue conciliador y lleno de esperanza, no dio respuestas a los despidos en esa área y los problemas por la pandemia.

Con un liderazgo pleno y sin voces ‘interlocutantes’ hubiera tenido un mejor sistema de salud, señala Andino.
Explica que hay la necesidad de un nuevo modelo de salud en sistema, gestión y atención generalizada.

‘La realidad laboral es otra a la que dice Moreno’

Reactivar la economía para proteger el empleo fue el compromiso del presidente Lenín Moreno para su último año de mandato, que en tres meses de pandemia por COVID-19 ha dejado 150 000 desempleos. Para Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, el discurso no es nuevo.

“Su gobierno priorizaba la defensa del derecho al trabajador, se decía que el diálogo entre las partes va a ser el instrumento, pero la realidad es que 150 000 han sido despedidos, les han reducido su salario a $225, no llegan a cubrir el 30 % de la canasta familiar, su política laboral no prioriza al trabajador”, dice.

Erazo menciona que atrás quedaron las 250 000 plazas de empleo y hoy se evidencia una realidad que de diez ecuatorianos, siete no tienen empleo seguro. “La realidad es otra diferente a la que nos dice el presidente”, expresa.

Indica que la movilización de hoy será una muestra de rechazo a la Ley Humanitaria que, a su juicio, dejará al trabajador en esclavitud laboral y en pobreza extrema.

‘Faltó que diga cómo se cubrirá falta de recursos’

Uno de los cuatro ejes que se plantea el Gobierno para su último año es proteger la dolarización. El presidente Lenín Moreno dijo ayer que para cuidarla y sostenerla se debe sanear las finanzas públicas.

Para el exministro de Economía, Mauricio Pozo, es una buena señal que se tenga como prioritario mantener y fortalecer el régimen cambiario debido a que la dolarización tiene respaldo de la mayoría.

No obstante, Pozo dice que habría que ver cómo se van moviendo las acciones. “Creo que lo logrado en las últimas semanas con los dos proyectos de ley, con los peros que puedan tener, más las decisiones anunciadas van a ayudar a mantener el tema económico para los próximos meses”.

Pozo considera que en la intervención del mandatario dejó pendiente la explicación de cómo se cubrirá la falta de fondos del país. “Los recursos de los $1500 millones de los multilaterales, los $4000 millones el ajuste de las medidas y la plata que espera que arribe no va a alcanzar para el problema, el bache es muy grande”, señala.

‘Empresarios rechazan anticipar más impuestos’

Como un anuncio ‘sorpresivo’ tomó el sector empresarial el intento del Ejecutivo de que las grandes empresas que no han visto afectados sus ingresos en esta pandemia adelanten un porcentaje de sus impuestos. En esa medida también se incluiría a quienes ganen al mes más de 5000 dólares.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, muestra su desacuerdo con esa intención debido a que se suponía que ante la falta de apoyo político se retiraron esos contenidos de la Ley Humanitaria.

El vocero gremial dice que eso significaría restituir un impuesto por otra vía. “En este momento, la clave para la reactivación es permitirle al sector privado que mantenga la liquidez que necesita urgentemente”, señala.
Por otra parte, el empresariado señala como rescatable de la gestión del Gobierno las relaciones restablecidas con socios importantes.

“Qué bueno que esta crisis nos toma con un realineamiento geopolítico, imagínese que nos hubiese agarrado con la ALBA”, dice Aspiazu.

‘Enunciados en corrupción aún no tienen resultados’

Para Julio Villacreses, de la Comisión Nacional Anticorrupción, el discurso del presidente Lenín Moreno sobre la lucha contra la corrupción ha sido un enunciado sin ningún resultado en tres años de gobierno.

“A nivel nacional, no ha impulsado con su bloque legislativo de Alianza PAÍS de legislar lo que resolvió el plebiscito de declarar la muerte política a todos los que han sido sentenciados por actos de corrupción”, afirma.

Resalta la eliminación de la Secretaría Anticorrupción tras las posturas críticas de la Fiscalía, Corte Nacional de Justicia y Judicatura. Agrega que no se ha implementado la Comisión Internacional Anticorrupción con asesoría externa. Además, que Moreno tiene a varios colaboradores del Gobierno anterior.

Con respecto a que el régimen habría presentado 1500 denuncias de corrupción del anterior Gobierno, para el comisionado no se ha hecho el respectivo seguimiento.

Sobre el último año de mandato, Villacreses espera que haya sanciones y que lo robado se recupere. (I)